Dos décadas de el Anuario de la Educación en Cataluña concluyen que sin una apuesta política contra las desigualdades educativas no se puede mejorar el sistema. Equitat.org pide garantizar una mejor financiación para los centros más complejos, fortalecer la primaria y alternativas para que todo el mundo pueda seguir estudiando después de la ESO.
Las desigualdades educativas están enquistadas y los indicadores se estancan o empeoran.
- Crece el alumnado en los niveles bajos: del 12,3% al 15,8% en catalán y del 14,9% al 17,5% en matemáticas en las últimas pruebas de competencias (2025).
- En los últimos 5 cursos han bajado 6 puntos las graduaciones en la ESO (87%), el abandono del alumnado más pobre ha incrementado del 21,8% al 25,3%, y los jóvenes con estudios secundarios postobligatorios no superan la barrera del 80%.
El aumento de recursos no cubre las necesidades de los centros y de los entornos con más dificultades y no resuelve el déficit de planificación y concreción en las políticas anunciadas:
- A pesar del incremento en la inversión, el esfuerzo presupuestario del Departamento de Educación (14,1%) respecto al total del presupuesto de la Generalitat continúa a niveles de 2017 (14,2%) y bastante inferior a antes de los recortes (15,5% en 2013).
- El Marco de mejora de la lengua y las matemáticas, política estrella del Gobierno para recuperar los resultados, tiene un presupuesto anual medio de 32,3M€ y buena parte de sus actuaciones ya existían.
- Planes y programas estratégicos anunciados no concretan objetivos operativos, recursos, calendarios ni evaluación. Ejemplos: el Marco de mejora, el Plan contra el abandono escolar prematuro o el Plan digital.
El Anuario de la Educación 2026 constata un estado crítico en desigualdades y trayectorias, y propone 3 intervenciones prioritarias para revertir el déficit estructural de políticas de equidad:
- Garantizar más recursos donde hay más complejidad: reducción asimétrica de ratios y un máximo de cuatro alumnos con necesidades especiales por profesional especialista en los centros complejos, incrementar las mochilas escolares en la pública, que los educadores formen parte de la estructura profesional y aumentar el personal administrativo.
- Priorizar la primaria, cuando se adquieren los hábitos y las competencias para el aprendizaje, para evitar que en la secundaria se multipliquen los problemas. Asegurar buenas competencias lectoras y de escritura, de matemáticas e inglés, así como hábitos de estudio o de planificación. Entre otros con 2 – 3 horas semanales de apoyo educativo.
- Poner más facilidades para que más jóvenes estudien después de la ESO, con 8.000 nuevas plazas de FP básica, garantizar una beca a todo el alumnado de FP y PFI en situación de pobreza o una actividad semanal de extraescolares.
La falta de herramientas que tienen las escuelas e institutos para responder a las desigualdades sociales, y los efectos que esto comporta en el aula, impide mejorar el sistema educativo del país.
Lo constata el Anuario de la Educación en Cataluña 2026, que suma veinte años analizando el estado de la educación a partir de unos cuarenta indicadores que compara internacionalmente. Está dirigido por el catedrático de políticas educativas de la UPF Francesc Pedró, quien ha trabajado para la UNESCO y la OCDE, y el especialista en desigualdades y políticas educativas Miquel Àngel Alegre. Ha contado con la implicación de 50 referentes del mundo educativo.
Desde 2005, el Anuario ha constatado una atención insuficiente de las desigualdades sociales en el sistema educativo, una carencia que en los últimos cinco años se ha acentuado. Hasta el punto de que el presupuesto de Educación ha aumentado un 33%, pero el alumnado con necesidades educativas ha crecido un 130%.
A la desatención de las desigualdades se añade que la mejora de la inversión en educación de los últimos cursos no ha ido acompañada de una mejor eficiencia. No se priorizan con suficiente fuerza las escuelas más complejas, no se ha reducido significativamente la burocracia en los centros y hay un déficit de planificación en muchas políticas públicas. Además, son menos ambiciosas en comparación con otros países en cuanto a la reducción de las desigualdades.
Esta situación ha hecho que en Cataluña ya se pueda hablar de “cronificación” de las desigualdades educativas. También impide revertir los malos resultados actuales y no permite avanzar hacia un sistema educativo de calidad.
Los veinte años de diagnóstico del Anuario constatan que sin una política estructural contra las desigualdades educativas no es posible mejorar el sistema educativo catalán. De hecho, el Anuario de la Educación 2026 llega en un final de curso especialmente convulso. Para los directores, el contexto demuestra la “carga injusta de presión” que soportan los actores en la atención educativa. Ningún sistema educativo puede funcionar sin liderazgo político, bienestar y recursos profesionales, buena implementación de modelos como la escuela inclusiva y de las políticas públicas que requieren, explican.
Para empezar a revertir el déficit de políticas de equidad, el Anuario 2026 propone focalizar los recursos en los centros más complejos y sobre todo en primaria. En esta etapa es cuando se adquieren los hábitos y las competencias necesarias para el aprendizaje, y reforzarla también ayudaría a evitar que en la secundaria se multipliquen los problemas educativos.
Las trayectorias, los resultados y las desigualdades están en un punto crítico
Los indicadores del Anuario de la Educación 2026 constatan que el abandono de los estudios y los malos resultados están en un punto crítico. También que trayectorias y aprendizajes continúan condicionados por el origen social de los alumnos. «Un sistema incapaz de corregir este peso no puede ser de calidad», explica Mònica Nadal, directora de investigación de Equitat.org.
Se estancan las trayectorias educativas
El Anuario explica que, después de dos décadas, se ha estancado el número de catalanes con estudios obligatorios y postobligatorios. La graduación de la ESO ha bajado del 93 al 87% entre 2020 y 2024 y vuelve a estar a niveles de 2013. Cerca de un 24% de los jóvenes que abandonan no tienen la ESO. Mientras tanto, la proporción de jóvenes que están en el curso que les corresponde por edad (tasa de idoneidad a los 15 años) no mejora desde 2021-22 (86%). Tampoco lo hace la escolarización a los 17 años (87%) y el abandono escolar (13,5%) y el número de jóvenes con estudios superiores (58%) también continúan estancados.
Entre 2015 y 2022 hemos perdido un curso académico entero
En cuanto a los resultados de aprendizaje, la caída entre 2015 y 2022 (30 y 40 puntos menos en PISA, cerca de un curso académico) no fue exclusiva de Cataluña. El sistema educativo catalán, sin embargo, destaca por la floja respuesta a la caída mientras Estonia, Irlanda, Finlandia o Quebec se recuperan a partir del apoyo al alumnado más vulnerable.
Lo confirman las pruebas catalanas de final de etapa de 2025. No han recuperado los niveles prepandémicos y ha aumentado el alto porcentaje de alumnado en el nivel bajo. Del 12,3% al 15,8% en catalán y del 14,9% al 17,5% en matemáticas, respecto a 2021. Además, la diferencia en PISA 2022 entre los alumnos ricos y pobres era equivalente a tres cursos de desnivel, una desigualdad claramente superior a la media de la OCDE. Desde 2015 tampoco se ha reducido la brecha entre los resultados de los centros más y menos complejos, que incluso se ha ampliado ligeramente entre 2024 y 2025.
El Anuario pone de manifiesto que los niveles bajos de primaria multiplican la probabilidad de encontrarse en los mismos niveles en la ESO, sobre todo en matemáticas.
El alumnado más pobre abandona casi siete veces más
La crisis de resultados y el estancamiento de la escolarización se explican sobre todo por las desigualdades sociales y la incapacidad del sistema para corregirlas. El peso que tiene el origen social en el aprendizaje y las trayectorias se amplifica y, por ejemplo, el alumnado más pobre abandona casi siete veces más (25,3%) que el más rico (3,8%).
El abandono escolar prematuro se enquista en los sectores desfavorecidos. Ha subido del 21,8% en 2024 al 25,3% en 2025 en el alumnado más pobre. El Anuario pronostica, además, que, con las políticas actuales, será difícil seguir rebajando la tasa general en los próximos años.
El aumento de recursos no cubre el aumento de las necesidades
El Anuario recoge cómo las dificultades tienen que ver con una financiación insuficiente y a la vez ineficiente. En 2024 la inversión en educación representaba un 3,8% del PIB (lejos del 4,5% estatal y del 6% fijado por la LEC). El presupuesto del Departamento de Educación ha crecido un 33% en cinco años y llegó a los 7.926 M de € en 2025. En porcentaje respecto al conjunto del presupuesto, sin embargo, continúa por debajo de 2013.
Cataluña destina 6.756 € por estudiante, como la media española, pero muy por detrás del País Vasco (9.938€), Extremadura (7.857€) o Castilla y León (7.667€). A la vez, el sistema es incapaz de adecuarse al aumento de las necesidades. Un 32,1% del alumnado tiene necesidades socioeconómicas, un 36,5% se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, un 35,4% procede de la inmigración y el alumnado extranjero representa el 19% (un 38% más que hace 10 años). En conjunto, en el año 2025, había 349.097 alumnos con necesidades educativas específicas, un 130% más que en 2020 (y cuatro veces más de lo que ha crecido el presupuesto en este tiempo). Un incremento condicionado, en buena medida, por las políticas de detección.
Este desfase se plasma por ejemplo en la ratio de tutores de aula de acogida. El aumento de 830 aulas desde el curso 2018-19 no ha hecho variar la cifra de 27 alumnos recién llegados por tutor. También con el hecho de que haya 888 alumnos con necesidades socioeconómicas por cada educador social en la ESO.
«Hay una carga injusta de presión en los docentes»
“Las huelgas no son ruido al margen del diagnóstico: son un síntoma”, apunta Francesc Pedró, codirector del Anuario. “Cuando el profesorado reclama más inversión, ratios más bajas, menos burocracia y más apoyo para atender la diversidad es exactamente lo que los datos muestran que falta”. El actual malestar docente, señala, se explica en buena medida por la presión creciente que sufren los docentes y profesionales. No disponen ni de la inversión, ni de la estructura, ni de los recursos educativos necesarios para su tarea.
El sistema educativo tiene una financiación insuficiente pero también ineficiente
Además de estar poco financiado, el sistema educativo también es ineficiente. La distribución de recursos en los centros prioriza el número de alumnado, no sus circunstancias. Esto provoca que no se invierta lo suficiente donde se concentra más necesidad de apoyo y donde los incrementos de gasto más impacto pueden tener.
El Anuario concluye que esto es especialmente grave en contextos de desigualdad educativa crónica. En otros países que han revertido situaciones similares, como Irlanda o Países Bajos, los centros vulnerables reciben cerca de un 30% más de recursos docentes y económicos que los que no lo son.
A una financiación insuficiente e ineficiente, se añade que las políticas de equidad no tienen la estabilidad garantizada porque dependen de financiación externa. Es el caso del Plan de Mejora de las Oportunidades Educativas (PMOE).
El Anuario apunta igualmente a la falta de planificación en medidas que a menudo se anuncian sin objetivos, calendario o presupuesto. Por ejemplo el Plan de Acción contra el abandono o las Zonas Educativas. También denuncia una falta de evaluación histórica de las políticas. Una situación que, a la vez, convive con un “abuso” de anuncios.
En este sentido, denuncia que la principal herramienta del Gobierno para mejorar los resultados, el Marco para la Mejora de la Lengua y las Matemáticas aprobado en 2025, es residual. Contempla un presupuesto de 129,3 M€ para el período 2025-2028, mientras que otros países han dedicado cuatro veces más.
Propuestas del Anuario para mejorar la financiación, la eficiencia y la planificación
Por todo ello, el Anuario 2026 reclama una apuesta política y estructural por las políticas de equidad. Aporta 17 propuestas, sobre todo centradas en la primaria.
Reducción asimétrica de ratios
Propone que las ayudas de la mochila económica, ahora limitadas a material y actividades, cubran 2 o 3 horas semanales de apoyo en grupos reducidos en primaria. Deberían ir a cargo de profesionales de atención educativa. También actualizar la cifra de las mochilas en los centros públicos (que a diferencia de los concertados continúan en 388€) y añadir “mochilas extraescolares”, con una extraescolar gratuita hasta 2º de ESO.
A la vez, propone una reducción asimétrica de ratios en función de los centros. A partir de doblar los docentes adicionales en los de mayor complejidad (una de máximo de tres líneas pasaría de 3 a 6 maestros extras). También incorporar 1.060 educadores e integradores fijos y aumentar su personal administrativo.
Cuatro alumnos con necesidades especiales por profesional especializado
En cuanto a la educación inclusiva, recomienda asegurar que en los centros complejos haya un máximo de cuatro alumnos con necesidades especiales por cada profesional especializado. También que todos cuenten con un Plan Educativo de Entorno y que la aportación de Educación a los que están acogidos al PMOE y PROA+ pase del 14 al 30%. Concreta que se necesitan 8.000 nuevas plazas de Formación Profesional básica (grados básicos, PFI e IFE) para que todo aquel que abandona sin la ESO tenga una alternativa. También asegurar becas para todo el alumnado de la postobligatoria en situación de pobreza, ya que ahora solo cubren la mitad. Plantea una evaluación obligatoria para todos los programas que superen los 500.000 € de presupuesto.
El Anuario cuenta con ocho capítulos sobre diferentes retos del sistema educativo. Hacen una revisión crítica de la acción de gobierno, evalúan los programas PMOE-PROA y el plan Piloto de Zonas Educativas. También profundizan en la manera de identificar la vulnerabilidad educativa y en las políticas internacionales en las escuelas vulnerables. Un último capítulo analiza cómo debe ser una buena planificación y gobernanza de la FP.
Los han liderado los expertos en educación Laura Morató, Belén Agüero, Christian Griot, Neus Martí, Jaume Blasco, Lucía Cobreros, Lucas Gortázar, Xavier Chavarria, Marcel Pagès, Antoni Verger, Edgar Quilabert, Marina Castany, Andreu Termes y Joan Checa, y se han contrastado con una cincuentena de referentes del ámbito de la investigación, la docencia, la administración y las políticas públicas.
