Laia Orozco
En los últimos días hemos podido observar cómo mensajes y consignas difundidas a través de las redes sociales han contribuido a movilizar a jóvenes en episodios de altercados en Barcelona, en una dinámica que también se ha observado en otras ciudades europeas. Estas situaciones nos hacen poner el foco en la gran capacidad de propagación de los contenidos digitales, pero también en el malestar social y emocional sobre el que pueden arraigar determinados discursos.
La rabia y el miedo son las dos emociones principales de las que se alimentan los contenidos polarizadores, porque generan mayor tracción. Es así como aquellos mensajes que incitan a la desconfianza y señalan al otro como un adversario son los que ganan mayor visibilidad en el entorno digital. Cuando estas dinámicas se combinan con la difusión de contenidos falsos o descontextualizados, se incrementa la dificultad del debate público constructivo.
“Educar contra la desinformación es también educar en cohesión social y cultura de paz”
Varios estudios nos indican que las redes sociales y los contenidos digitales se han convertido en la principal fuente de acceso de las personas jóvenes a la actualidad. Esta realidad no es neutra: buena parte de la información que reciben está condicionada por los algoritmos de recomendación, las lógicas de viralidad y los intereses de las plataformas. En este entorno, la construcción de la opinión propia corre el riesgo de quedar desplazada por narrativas dominantes que se consumen sin disponer siempre de las herramientas necesarias para contrastarlas, contextualizarlas y cuestionarlas.
En un contexto de sobreinformación, la cantidad y la velocidad de los contenidos dificultan dedicar tiempo suficiente para comprenderlos y contrastarlos, produciéndose una pérdida de la atención generalizada en la sociedad, todavía más pronunciada entre los más jóvenes. Esta situación de sobreestimulación conlleva una mayor dificultad para generar respuestas que requieran análisis más profundos, favoreciendo así mensajes más simples y viscerales.
Esta preocupación es especialmente relevante durante los procesos electorales, donde el incremento de los mensajes simplificadores condiciona la percepción de los problemas colectivos y refuerza las divisiones sociales. En un contexto donde la opinión social y política viene condicionada por reels de 1 minuto, dotar de herramientas para que adolescentes y jóvenes puedan entender de forma crítica cuál es la información que reciben es una cuestión de calidad democrática.
“La desinformación no solo condiciona lo que pensamos, sino también cómo nos relacionamos y actuamos”
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Uno de los grandes retos del diálogo social radica en que las plataformas personalizan los contenidos a partir de nuestras interacciones y preferencias y, por lo tanto, generan entornos altamente personalizados que dificultan la interacción con perspectivas y opiniones diferentes.
Esta dinámica digital contrasta con el valor educativo y democrático de los espacios donde adolescentes y jóvenes pueden escuchar otros puntos de vista, confrontar argumentos y revisar nuestras propias convicciones. La escuela, los espacios comunitarios y los entornos de participación juvenil son fundamentales en la construcción de una cultura democrática que no se base en la uniformidad de las opiniones, sino en la capacidad de convivir con la diversidad.
“Necesitamos espacios para contrastar opiniones y poder ir más allá de nuestras propias ideas”
En este sentido, educar contra la desinformación implica ir más allá de enseñar a identificar noticias falsas e implica desarrollar la capacidad de argumentar, comprender diferentes realidades sociales, reconocer los propios sesgos y participar en debates sin recurrir a la descalificación o la manipulación. Un gran ejemplo de esta apuesta educativa lo lidera Finlandia, entendiendo que la educación contra la desinformación es una competencia ciudadana imprescindible para la calidad democrática.
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Una educación mediática e informacional sólida puede contribuir a prevenir la manipulación, favorecer una participación pública más reflexiva y reforzar la capacidad de prevención de conflictos. La cohesión social se garantiza con espacios de participación, reconocimiento y diálogo.
“La capacidad de participar críticamente en el entorno digital también está condicionada por las desigualdades”
La competencia para analizar críticamente la información es una dimensión esencial de la competencia digital. Sin embargo, no todo el mundo dispone de las mismas oportunidades para adquirirla y desarrollarla.
El acompañamiento del profesorado y de las familias, el acceso a recursos educativos del entorno, las oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela y los entornos sociales en los que crecen niños, niñas y adolescentes condicionan su capacidad para comprender la información y relacionarse con ella de manera autónoma. Estas oportunidades están distribuidas de manera desigual y están altamente condicionadas por las brechas socioeconómicas existentes.
Por ello, es necesario garantizar que todos los centros educativos dispongan de recursos, formación y acompañamiento para trabajar la alfabetización mediática e informacional de forma continuada, prestando especial atención a los contextos de mayor vulnerabilidad.
“La respuesta debe ser colectiva: no podemos dejar la educación digital crítica solo en manos de la escuela”
Las competencias necesarias para participar de manera crítica, segura y autónoma en el entorno digital trascienden las áreas educativas concretas y la responsabilidad individual o familiar. Requieren una respuesta coordinada entre las instituciones públicas, los centros educativos, las familias, los medios de comunicación, el sector tecnológico, los centros de investigación y las entidades sociales.
Este es un reclamo planteado por la Agenda para una Educación Digital Crítica en Cataluña, impulsada con la participación de más de 45 entidades del territorio. En ella se pide situar la equidad, el bienestar y los derechos de la infancia en el centro de las políticas de digitalización educativa, avanzando hacia un modelo que garantice las condiciones para desarrollar una relación crítica y responsable con la tecnología.
Por lo tanto, una apuesta por la educación contra la desinformación y la cohesión social debe traducirse en medidas concretas y responsabilidades compartidas:
- Administraciones públicas: impulsar una estrategia integral de alfabetización mediática e informacional, con recursos, objetivos y mecanismos de evaluación que garanticen la igualdad de oportunidades.
- Plataformas tecnológicas: asumir responsabilidades sobre los sistemas de recomendación y las dinámicas de difusión de contenidos, y avanzar hacia entornos más transparentes, seguros y respetuosos con los derechos de la infancia.
- Familias: disponer de acompañamiento y recursos para generar espacios de escucha y diálogo con adolescentes sobre sus inquietudes, los contenidos que consumen y las relaciones que construyen en entornos digitales.
- Centros educativos: garantizar espacios de aprendizaje donde desarrollar el pensamiento crítico, el contraste de fuentes, la argumentación y la reflexión sobre los mensajes que circulan en el entorno digital.
- Medios de comunicación y periodismo local: contribuir a una información rigurosa, plural y contextualizada, y dar visibilidad a las realidades y preocupaciones de las personas jóvenes.
- Partidos políticos y responsables públicos: ejercer su responsabilidad ante la difusión de discursos manipuladores y evitar prácticas comunicativas que alimenten la desconfianza, la estigmatización y la fragmentación social.
La calidad de la democracia depende, en parte, de la capacidad de la ciudadanía para comprender la realidad, contrastar la información y participar en las decisiones colectivas. En un entorno digital que condiciona cada vez más cómo nos informamos y nos relacionamos, garantizar esta capacidad es también una cuestión de equidad educativa.
No basta con pedir a niños, niñas y adolescentes que sean críticos: es necesario construir las condiciones educativas, sociales y tecnológicas para que puedan serlo.
